Artículo
(Fecha: 26/09/2002)
-(Al fin de su mandato, Duhalde no podrá doblegar a la Corte )-
LA CORTE Y LA GRAN DEPRESION
Firma:Pablo T. Spiller
Catedrático, Universidad de California, Berkeley, y director,LECG, LLC
[ P ]Duhalde no se dio cuenta de que para doblar a la Justicia, es necesario contar con fuerte apoyo popular
** Nota **Hace dos semanas equiparé el desenvolvimiento de la crisis actual a la evolución de la Gran Depresión de los años 30 en los EE.UU. No sólo el comportamiento de las variables económicas fue similar, sino que también las recetas económicas puestas en acción por las dos administraciones tuvieron ciertas similitudes. Hay, a su vez, un tercer aspecto lamentable de las dos grandes recesiones: el ataque del sector político a la Suprema Corte de Justicia.
Al tomar la Presidencia, Duhalde, con el apoyo de segmentos del PJ y de la UCR, impulsó el juicio político contra los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Duhalde, como todo presidente previo, deseó tener una Corte subserviente. Estimó que la amenaza de juicio político serviría para mantener en raya a la Corte. En su lugar, se encontró con un poder judicial que, si bien se sintió atacado, no dejó de declarar inconstitucional varias de sus medidas. Setenta años atrás, la Corte Suprema de los EE.UU., en una seguidilla de decisiones trascendentales tomadas durante la primera administración del presidente Roosevelt, determinó la inconstitucionalidad de varias de las medidas más importantes del New Deal, desde aquellas tendientes a aumentar los precios agrícolas, a leyes de salarios mínimos, relaciones laborales, pensiones y demás. Hacia fines de 1936, la Corte tenía en su calendario la consideración de varias otras medidas, que podrían terminar con el New Deal. Durante todo ese tiempo, Roosevelt, y el Partido Demócrata, fustigaron a la Corte. Una vez obtenida, en las elecciones de noviembre de 1936, mayorías aplastantes, tanto en el Congreso como en las legislaturas estaduales, Roosevelt anunció su plan de recomposición de la Corte (el famoso Court Packing Plan). En una de sus típicas conversaciones con el público, los fireside chats, en marzo de 1937, diciendo: “Hemos, por lo tanto, llegado al punto en que la Nación debe tomar acción para salvar la Constitución de la Corte, y la Corte de sí mismaö, Roosevelt formalizó su intención de ampliar la Corte, de manera de eliminar la influencia de los jueces instalados por las administraciones previas que se oponían a sus medidas.
Esta decisión, apoyada por amplios sectores de la política y sociedad en general, nunca progresó. En un trabajo que publiqué con Rafael Gely demostré que la Corte ya había cambiado de rumbo previo al anuncio de Roosevelt. El resultado de las elecciones del 36 volvieron posible las amenazas implícitas de expandir la Corte y de cambiar la constitución para revertir las decisiones de la Corte y limitar su jurisdicción. Es ahí donde una mayoría de cinco a cuatro contra Roosevelt se volvió una mayoría de cinco a cuatro en apoyo de Roosevelt, y el New Deal se estabilizó judicialmente.
Duhalde, sin embargo, tuvo un error fundamental en su análisis. No se dio cuenta de que para doblar a la Justicia, es necesario contar con un fuerte apoyo popular. En efecto, en un estudio de decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de leyes y decisiones administrativas, realizado con Mariano Tommasi y Matías Iaryczower recientemente publicado en el American Journal of Political Science, demostramos que la probabilidad de la Corte de votar a favor de la constitucionalidad depende, aparte de aspectos puramente constitucionales, del apoyo político del Presidente. Presidentes con mayorías fuertes en ambas cámaras tienen una probabilidad mucho mayor de obtener apoyo de la Suprema Corte que presidentes con apoyo popular bajo. Este estudio tiene relevancia directa para el conflicto político entre la Corte, el Congreso y el Ejecutivo. Nuestro estudio predice que si la Corte piensa que las decisiones que limitan drásticamente el acceso de los individuos a sus ahorros tomadas desde los finales de la administración De la Rúa hasta hoy son inconstitucionales, la falta de apoyo político y popular de la actual administración, como a su vez de la posible futura administración, reduce en más de un 25% la probabilidad de que la Corte la apoye. A ello hay que agregar el hecho que Duhalde está al final de su mandato, en cuyo caso nuestro estudio muestra que la probabilidad de obtener decisiones judiciales favorables baja aún más.
En lugar de continuar con políticas que agreden contra los derechos de propiedad y contra las instituciones públicas, y que la Justicia probablemente rechazará, la administración, en su cuarto de hora final, debe rectificar su rumbo, y elegir aquél que tiene el potencial de sacar al país de la recesión: la defensa de las instituciones y de los derechos de propiedad
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